Con licencia para matar: Congreso insiste en exonerar de responsabilidad penal a policías y militares que maten o hieran

El miércoles 12 de junio pasado, el pleno del Congreso, con un respaldo mayoritario, acordó aprobar una modificación al Código Penal que, en la práctica, respalda y profundiza una de las normas represivas y de impunidad policial y militar aprobadas por el gobierno de Alan García en el 2007.

Como se recordará, en el 2007 el Ejecutivo recibió facultades del Congreso para legislar. Con el estribillo de mejorar las normas sobre seguridad ciudadana –una excusa que nunca falla–, el Ejecutivo promulgó once decretos legislativos, entre ellos Decreto Legislativo 982 que exoneraba de responsabilidad penal a policías y militares que, en ejercicio de sus funciones, maten o hieran personas haciendo uso reglamentario de sus armas. Se incorporaba un inciso más, el inciso 11, al artículo 20 del Código Penal.

En su momento esa norma sirvió de cobertura perfecta para que fiscales archivaran casos tan extraños como el del Escuadrón de la Muerte en Trujillo, en el cual la mayoría de investigaciones fueran abortadas. Pero esa norma no solo significaba un riesgo para eventuales delincuentes –que también tienen derecho a la vida, la integridad y ser sentenciados luego juicio célere y justo–, sino que podía utilizarse para encubrir excesos policiales y militares cometidos en medio de una protesta social.

El movimiento de derechos humanos del Perú promovió una demanda de inconstitucionalidad contra estos decretos legislativos y en el 2010 obtuvo una victoria pírrica: el Tribunal Constitucional convalidó el Decreto Legislativo 982 (y por lo tanto la incorporación del artículo 20 inciso 11 del Código Penal), pero planteó criterios para interpretarlo, de manera tal que, en la teoría, no pueda servir para generar impunidad.

Pero como se sabe, el escaso conocimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y su pobre difusión, deja siempre abierta la puerta para que jueces, fiscales y abogados apliquen el artículo 20 inciso 11 del Código Penal para cerrar casos, en la línea de lo sucedido en Trujillo o incluso para que autoridades exijan el archivamiento de juicios contra policías y militares por delitos cometidos en el período de violencia política, tal como han vociferado Rafael Rey y Ántero Flores-Araoz.

Pero la historia del artículo 20 inciso 11 no terminó. El miércoles 12 de junio del 2013 se aprobó una modificación que hace más laxa la aplicación de dicha norma. El texto de lo aprobado en el Pleno del Congreso es el siguiente:

“Artículo 20. Inimputabilidad

Está exento de responsabilidad penal:

[…]

11. El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones o muerte.”

Esta nueva redacción reitera, amplía y agudiza la posibilidad de que se aplique la exoneración de responsabilidad penal para policías y militares que hieran o meten en cumplimiento del deber. Y lo hace retirando el término “uso reglamentario de sus armas”. Es decir, en la norma anterior había un pequeño candado: el uso reglamentario del arma. Si el efectivo policial o militar hacía un uso no reglamentario sería procesado. Ahora ese candado ha desaparecido. Y se ha ampliado a que no sólo se puedan utilizar armas policiales, sino cual otro medio de defensa.

El artículo anterior y la modificación aprobada están reñidas con la Convención Americana de Derechos Humanos y la Constitución Política del Perú. Nuestro país tiene la obligación de investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos que se produzcan y la modificatoria del artículo 20 inciso 11al Código Penal, evita que el Perú cumpla con dicho deber. Por otro lado, al establecer una norma especial para efectivos PNP y militares, sin que hayan motivos razonables para esta diferenciación, hace de la norma una regulación discriminatoria que atenta contra el derecho-principio a la igualdad.

Además, esta norma es especialmente peligrosa en un caso como el nuestro, con altos niveles de conflictividad social y protestas ¿puede esta modificación incentivar a las fuerzas del orden a utilizar sus armas para reprimir más violentamente a los manifestantes generando con eso más muertos y heridos?La respuesta es afirmativa.

Finalmente, queremos dejar en claro que las opiniones vertidas en este documento de trabajo no buscan disminuir la capacidad operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP) ni de las Fuerzas Armadas. Estamos convencidos que la PNP debe cumplir a cabalidad su deber de proteger el orden interno y promover seguridad ciudadana, enfrentando a la delincuencia. Sin embargo, en su tarea constitucional tiene que hacer un uso legítimo de la violencia que puede ejercer y adecuarla a parámetros de respeto de derechos. En lugar de promoverse causales para eximir responsabilidad en caso de muertes o lesiones, el efectivo policial debe tener claridad respecto de qué está permitido y qué no en cuanto al uso de la violencia, dentro de un marco normativo respetuoso de las reglas democráticas y del Estado de derecho.

Por esas razones tenemos la firme convicción de que el presidente Ollanta Humala debe observar la ley, porque atenta contra normas internacionales y constitucionales, y porque es políticamente innecesario profundizar una protección, que ya es bastante alta con la redacción actual del artículo 20 inciso 11 del Código Penal.