Con licencia para matar

En el archivo adjunto se encuentra el análisis de la Ley N° 30151 que modifica el artículo 20 inciso 11 del Código Penal para exonerar de responsabilidad penal a policías y militares que causen lesiones o muerte, en cumplimiento de sus funciones, elaborado por el Instituto de Defensa Legal.

La Ley 30151, licencia para matar, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La Ley 30151 generó en enero de 2014 mucho debate en el Perú y el rechazo de organismos nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, puesto que promovía la impunidad policial, al exonerar de responsabilidad penal a policías y militares que maten o hieran en cumplimiento de sus funciones.

Por ello, el Instituto de Defensa Legal del Perú y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina presentaron el 18 de marzo pasado un pronunciamiento conjunto en el marco de la 25º sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, alertando sobre la impunidad policial en América Latina.

Ambas organizaciones instaron al Consejo a condenar la impunidad de los crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y, en particular, el uso letal de la fuerza como parte del accionar rutinario de las policías a nivel regional. La ejecución de personas indefensas, la represión de protestas sociales, la llamada guerra contra las drogas, las muertes en lugares de detención y el uso de la fuerza en conflictos privados o casos de violencia de género son algunas de las situaciones más comunes de uso letal de la fuerza. Por ejemplo, entre 2000-2012 murieron en promedio casi cinco personas todos los días en Brasil a causa del uso excesivo de la fuerza policial. En Argentina murieron en promedio 156 personas por año a causa de la violencia institucional.

A su vez, el CELS y el IDL pidieron al Consejo que se pronuncie sobre la Ley 30151 de Perú, publicada en enero de 2014, que exime de responsabilidad penal a policías y militares por el uso de la fuerza letal. Esta medida promueve la impunidad frente a graves crímenes cometidos contra la integridad personal y la vida de las personas y atenta contra el compromiso internacional del Estado peruano de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en su territorio.

Como se sabe, la ley 30151 del Perú es especialmente problemática dados tres elementos del contexto peruano, que también se repiten en otros países de la región: i) el alto nivel de conflictividad en el Perú. Existen más de 200 conflictos al mes[1], varios de los cuales escalan a situaciones de protesta violenta, donde participa la policía; ii) la preparación de la policía en uso de armas y respuesta a situaciones límites no es óptima. Durante el gobierno del presidente Humala tuvieron lugar alrededor de 25 muertes en conflictos sociales; y, iii) La población exige constantemente mano dura, generando un ambiente favorable a la impunidad policial.

Frente a este contexto, el CELS y el IDL reiteraron la necesidad de que los Estados debatan con seriedad y compromiso estrategias para abordar la situación de impunidad policial en América Latina.