Consideraciones sobre la sesión especial del Pleno del Congreso de la República referido a Seguridad Ciudadana
25/10/2012

El miércoles 17 de octubre el Congreso de la República dedicó una sesión especial del Pleno exclusivamente a proyectos relacionados con la seguridad ciudadana. Pese a que no se pudo cubrir más del 25% de los temas de la agenda, se aprobó tres proyectos que esperaban ser debatidos. En general, estimamos que la solución a los problemas de inseguridad no depende de la creación de nuevas leyes. Sin embargo, consideramos cualquier esfuerzo serio para la lucha contra la inseguridad, sea mediante el reforzamiento normativo, material u operativo de nuestras autoridades, un aporte.
En cuanto a la referida sesión especial, llamó la atención, entre otros puntos, lo siguiente:

1.- Se ha evidenciado el bajo nivel de prioridad que representa el tema de la inseguridad incluso en el seno del Poder Legislativo. Podría presumirse que al dedicarle el Congreso de la República una sesión plenaria entera y exclusiva al tema de la inseguridad tendría el mismo gran interés por parte de los legisladores. Sin embargo, durante los debates sostenidos esa tarde se pudo ver varios momentos en los que la sala lucía poco concurrida por los legisladores . Asimismo, la asistencia de los congresistas a esa sesión plenaria fue de 95 miembros. En cuanto a la cobertura mediática de dicha sesión, las ediciones del día 18 de octubre fue poco exhaustiva, en líneas generales.

2.- La agenda incluyó el proyecto N°81/2011-CR sobre el empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú. Es necesario recordar la evidente falta de adecuación del proyecto a los estándares internacionales en la materia, estándares asumidos por el Estado peruano, lo que ha sido clara y detalladamente manifestado a la Comisión encargada de su elaboración (Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas) por parte del Ejecutivo, a través de sus observaciones. Pese a la pertinencia de las mismas, de aquellas señaladas por organizaciones locales e internacionales, públicas y de la sociedad civil, así como por expertos en derechos humanos, la sola inclusión del proyecto en la agenda ha causado gran preocupación en muchos de los actores interesados, incluidos algunos congresistas, pues no cabe duda que dicho proyecto no se encuentra apto para un debate en el Pleno.
Asimismo, estaba en agenda el dictamen que propone una Ley que modifica el Decreto Legislativo 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional y modifica e incorpora artículo en el Decreto Legislativo 824, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, de acuerdo a esto, dicha propuesta legislativa fortalece la presencia de las FF.AA. en la lucha contra el narcotráfico y a la vez le dan mayor operatividad a esta institución cuando asume el control del orden interno en los estados de emergencia, incluyendo aquellos que solo se refieren a disuadir o controlar violencias vinculadas a protestas o conflictos sociales. En este sentido la propuesta legislativa es riesgosa para el rol de las Fuerzas Armadas en los conflictos sociales pues se puede realizar un innecesario uso de la fuerza letal; esperamos que se realice una responsable revisión del proyecto y no se apruebe una normativa que pone en peligro el verdadero accionar o rol de las Fuerzas Armadas.

3.- Por otro lado, un de los proyectos aprobados se refiere al establecimiento de una sanción (suspensión de treinta días calendario) para alcaldes y presidentes regionales que no convoquen al menos una vez al mes a sus respectivos Comités de Seguridad Ciudadana. Dicha medida sancionatoria es de fácil evasión y no garantizará que las reuniones se lleven a cabo efectivamente ni que sean productivas. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana requiere de otro tipo de reformas, más profundas y estructurales, que permitan, por ejemplo, a los gobiernos superiores (Provinciales, Regionales y el Central) alimentarse directamente de los planes de Seguridad Ciudadana de los inferiores, de modo que los planes distritales se constituyan en insumos para la elaboración de los planes provinciales y así, sucesivamente, conseguir que el plan nacional considere los diagnósticos y necesidades de cada nivel inferior.

4.- Otro de los proyectos aprobados se refiere a la posibilidad de que los miembros en actividad (en días libres y en vacaciones) y los pensionistas de la PNP y Fuerzas Armadas presten servicios remunerados en otras instituciones públicas. Sobre el particular, llama la atención que una norma destinada a reforzar las labores de seguridad ciudadana tenga como sustento la necesidad de incrementar las posibilidades de ingresos económicos de los miembros de las fuerzas del orden, como lo señalaron muchos de los congresistas durante el debate. El objetivo de una norma de esta naturaleza debería ser procurar una mejor distribución de las fuerzas del orden, teniendo solo como uno de sus impactos positivos, si así se quiere señalar, la posibilidad de que algunos de los miembros de la PNP obtengan más ingresos económicos (recordemos que se encuentra en camino una reestructuración salarial para los referidos sectores). En el debate del pleno esa tarde no se vio con claridad el objetivo real del proyecto aprobado. Por otro lado, el mismo proyecto evidencia la poca viabilidad de eliminar el mecanismo del 1x1 de la PNP. En cuanto a la posibilidad de que miembros de las fuerzas armadas integren los servicios de Serenazgo, señalamos el alto riesgo que implicaría la confusión de labores. Las medidas preventivas del delito en el ámbito local son de una naturaleza distinta a las labores que llevan a cabo los miembros de las fuerzas armadas, así como lo son los tipos de capacitación requeridos en cada caso.

5.- Por último, se aprobó un proyecto que introduce reformas en algunos artículos de la ley del SINASEC, siendo quizás la más relevante aquella que dispone que la presidencia del CONASEC estará a cargo del Primer Ministro y ya no del Presidente de la República. En nuestra opinión, se trata de una medida más realista, aunque probablemente insuficiente en el sentido que el Premier también tiene una agenda bastante cargada, con lo que es difícil esperar que ahora el CONASEC tenga una actividad significativamente más productiva que antes.