El Callao después del estado de emergencia
17/10/2016

Cuando usted se imagina la compra de útiles escolares lo hace pensado en todo: la mochila, los lapiceros, los cuadernos, el uniforme. No deja de lado nada, porque sabe que sin mochila, su hijo no podrá trasladar sus cuadernos. Al final del año, usted tendrá sus notas y evaluará si la inversión estuvo justificada. Lo mismo sucede en la seguridad, sobre todo porque no es correcto que se improvise en temas tan importantes como la educación y seguridad. Entonces, se debe evaluar todo, en conjunto, lo que ha significado el estado de emergencia en El Callao y no solo el número de delitos.

Luego de más de medio año de aplicación y 6 prórrogas, el estado de emergencia llegó a su fin el 15 de octubre del 2016. Desde un inicio tuvo como objetivo restablecer el orden interno, debido a los niveles de violencia. ¿Lo consiguió? Creemos que no, y se debe ser muy claro por qué se deja de lado: se logró disminuir algunos indicadores de delitos, pero no solucionó el problema de fondo.

Una medida que suspende derechos fundamentales, asigna mayor presencia policial y permite que policías ingresen en casas y detengan personas sin una orden judicial, no resuelve nada. A lo mucho puede disuadir y sacar del mercado a un grupo de delincuentes. Sin embargo, el problema de fondo está asociado al crimen organizado y su infiltración en la política y, sobre ello poco o nada se ha hecho. Ciertamente, algunos números muestran que se avanzó algo, por ejemplo, unos dicen que se redujeron los delitos en 35%.  

El estado de emergencia aportó en parte, ahora se debe avanzar en otros ámbitos de la seguridad, si no se quiere regresar a la situación inicial. Más allá de la captura de delincuentes y la mantención de los policías, El Callao necesita de un Estado que intervenga de manera simultánea en las zonas que concentran mayores niveles de delincuencia y desmonte el crimen organizado vestido de política, sin que ello signifique despreocuparse de otras zonas.

La presencia policial que se concentró en El Callao le pasó la factura a otros lugares. En San Martin de Porres, por ejemplo, aumentaron los delitos patrimoniales al tiempo que su comisaría, la principal, a inicios de 2016, solo contaba con 3 vehículos para patrullar por las noches a pesar de tener 5. La razón es increíble: ¡No contaban con personal policial!

El problema no está resuelto. Por ello, se debe saber con claridad el costo y los resultados que se obtuvieron. Otro punto aparte es saber qué viene luego del estado de emergencia, qué se realizará, más allá de la mera asignación de policías. ¿Qué harán el gobierno regional y los distritales? ¿Cuáles serán las medidas de los distintos ministerios, la Fiscalía y el Poder Judicial?

¿Qué pasará luego del estado de emergencia? Difícil saberlo, lo que sí está claro es que no se debe retroceder en los avances logrados, y para ello toca evaluar todo. Evaluar no solo implica mirar cuántas capturas o incautaciones se produjeron, significa si la confianza en la policía creció, la percepción en seguridad aumentó, en general, si la calidad de vida parece mejorar. En otras palabras, evaluar la seguridad en conjunto y no por partes. 

Foto: La Mula