El empleo de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú
21/06/2012

La reciente aprobación por parte de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, del Congreso de la República del Proyecto de Ley N°81/2011-CR, luego de haber evaluado las observaciones del Poder Ejecutivo, nos llama la atención por diversos motivos.

En primer lugar, la referida Comisión ha desestimado una serie de recomendaciones señaladas por entidades y actores técnicos (el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR), orientadas a la incorporación en la legislación nacional de los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, pese a que se trata de un tema en el cual es preciso ceñirse a ese tipo de criterios. Por ejemplo, se ha desestimado la incorporación del principio de proporcionalidad, el mismo que resulta una base indispensable para orientar de la manera más objetiva a los policías en el uso adecuado de la fuerza, alegando como sustento que nuestro Código Penal tampoco contiene dicho principio. Se ha desestimado también una fórmula más clara y precisa, más garantista, para la determinación de la exención de la responsabilidad (penal, civil y administrativa) del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP), optando en cambio por mantener la fórmula del proyecto original, la que resulta ciertamente ambigua y se refiere únicamente a la exención de responsabilidad penal. En cuanto al principio de excepcionalidad, la norma aprobada habilita la regulación de los supuestos en los que se considera excepcional el uso de la fuerza letal por medio del reglamento de la misma, lo que contraviene los estándares internacionales señalados por el CICR, que recomiendan su regulación únicamente mediante normas con rango de ley. Se desatiende también los estándares internacionales al permitir el uso de la fuerza letal para proteger la libertad personal (el Derecho Internacional sólo contempla dicho uso para proteger la vida) y mediante otros medios distintos a las armas de fuego.

En segundo lugar, al desestimar un enfoque técnico para orientar la elaboración de la norma, la Comisión parece haberse dejado llevar por criterios predominantemente políticos, reforzados por una cierta necesidad de celeridad en la aprobación de la misma, lo que ha implicado algunos descuidos. Por ejemplo, pese a las recomendaciones del Poder Ejecutivo de hacer referencia expresa (precisa) a los instrumentos del Derecho Internacional que constituyen el estándar internacional en materia del uso de la fuerza por parte de la policía (el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979; y los Principios Básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados por el Octavo Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente de las Naciones Unidas, 1990), la Comisión consideró que no es necesario hacer tal referencia expresa pues la fórmula utilizada en el proyecto “incluye no solo los dos documentos propuestos (…) sino cualquier otro en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”. Asimismo, en el dictamen, no se acepta la recomendación del Ejecutivo de incluir un glosario de definiciones, alegando que las “definiciones ya están debidamente contenidas en los diferentes artículos de la norma (…) por lo que incorporar un glosario implica reformular innecesariamente la norma”. Teniendo en cuenta los bienes jurídicos cuya protección debe tener por objeto una norma como esta, es indispensable que la interpretación tanto de sus conceptos como del ámbito de aplicación sea lo más clara posible para todas las partes involucradas, para lo cual es preciso agotar todos los esfuerzos viables.

En tercer lugar, dado el actual contexto en el que se mantienen vigentes una serie de conflictos sociales, en lugar de aprovechar la oportunidad para, mediante una rigurosa incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ofrecer una regulación que brinde seguridad para todas las partes involucradas, directa e indirectamente, el resultado tiene la apariencia de un torpe mensaje de mano dura al hacer, además con innecesaria celeridad, una desequilibrada norma que tendería más a proteger a la Policía, aunque a ella tampoco le proporciona una pauta clara para restablecer el orden.

Por último, y en relación con la coyuntura, la norma aprobada por la Comisión es susceptible de ser interpretada por algunas de las partes involucradas en los conflictos sociales (vigentes y en potencia) como una amenaza o un desafío, lo que no nos sorprendería que pudiera constituir un elemento de exacerbación de la violencia y reforzamiento de posiciones radicales.