El Informe de Úrsula Letona sobre la Ley de Organización y Funciones del MININTER: un retroceso más en la lucha contra la violencia de género*
10/03/2017

Durante las últimas semanas, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, a través del Grupo de Trabajo encargado del Control Constitucional sobre los Actos Normativos del Poder Ejecutivo, conformado por los congresistas Úrsula Letona (Fuerza Popular), Vicente Zeballos (Peruanos por el Kambio) y Javier Velásquez Quesquén (APRA), ha venido revisando cada uno de los 112 decretos legislativos promulgados por este Gobierno, con el objeto de verificar que hayan sido emitidos en el marco de la Ley N° 30506[1] y que no trasgredan la Constitución.

Esta semana dicho Grupo de Trabajo aprobó un informe lamentable. Se trata del informe en relación al Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, el cual fue aprobado con un único voto: el voto dirimente de Úrsula Letona, quien preside el Grupo de Trabajo. Zeballos votó en contra y Velásquez Quesquén se abstuvo.

El informe concluye que el Decreto Legislativo N° 1266, que fue publicado el 17 de diciembre de 2016, contiene cuatro artículos que deben ser modificados o derogados. La razón es inaudita. En el caso de tres de ellos[2], el único argumento es que hacen referencia al enfoque de género. El informe, aprobado paradójicamente un día antes del Día Internacional de la Mujer, dice textualmente lo siguiente:

“Cabe advertir que, en efecto, la incorporación de la Ley de Organización y Funciones del  Ministerio del Interior forma parte de las facultades delegadas; no obstante, el cuerpo normativo de dicho decreto legislativo trae consigo la regulación de una materia cuya legislación no fue solicitada expresamente al Congreso de la República, como es el caso del “enfoque de género” (…) Por lo antes mencionado, se recomienda modificar el Decreto Legislativo N° 1266 a fin de que los textos de los artículos observados se ajusten a las facultades delegadas, correspondiendo suprimir los términos y/o referencias a “enfoque de género” de los apartados respectivos.”

El argumento desarrollado para eliminar el enfoque de género de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior es absolutamente errado. Tal como el mismo informe reconoce, el decreto legislativo evaluado se emitió en el marco de literal e), del numeral 2, del artículo 2 de la Ley N° 30506, por el cual se faculta al Ejecutivo para “Modificar la estructura organizacional y funcionamiento del Ministerio del Interior para mejorar la atención y prestación de servicios al ciudadano, así como contribuir a la erradicación de actos de corrupción dentro del sector”. Pues bien, cuando la norma incorpora el enfoque de género, es precisamente para que pueda brindarse un adecuado servicio público a la ciudadanía. Es falso entonces que al incorporarse este enfoque el Ejecutivo se haya excedido de la facultad otorgada. Una interpretación contraria carecería de toda razonabilidad.

Es más, el argumento pone en evidencia serias incoherencias, ya que el Decreto legislativo N° 1266 también incorpora los enfoques de derechos humanos y de interculturalidad; no obstante, el informe no cuestiona ninguno de los dos. ¿Cómo puede alegarse entonces que solo el enfoque de género constituye una materia distinta? Para tal caso, ¿no tendría que haberse dicho que ninguno de los tres enfoques podía incluirse?

Pero lo más grave de la conclusión a la que arriba el informe es que ha sido realizado de espaldas a la realidad, desconociendo que la incorporación del enfoque de género obedece a los tratados de derechos humanos y a las propias normas internas que sobre esta materia rigen en nuestro país, como la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar  y el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, los cuales asumen el enfoque de género, pues este permite “reconoce[r] la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres”[3].

Por ello, decisiones como la que ha sido avalada por la congresista Letona no hacen más que obstaculizar e invisibilizar la obligación que tiene el Estado de adoptar e implementar políticas públicas de seguridad con enfoque de género. Desde aquí protestamos contra ese voto irresponsable y llamamos a las y los demás congresistas a impedir que se elimine el enfoque de género de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.




[1] Publicada el 9 de octubre de 2016, la Ley N° 30506 dio al Ejecutivo un plazo de 90 días para legislar en las cinco materias que éste le había solicitado: i) reactivación económica y formalización, ii) seguridad ciudadana, iii) lucha contra la corrupción, iv) agua y saneamiento y v) la reorganización de Petro-Perú.

[2] Se trata del artículo 5.2, numeral 4; artículo 9, numeral 5; y artículo 20. El contenido de cada uno de ellos es el que sigue: 

Artículo 5.- Funciones

El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones:

(…) 

5.2. Funciones específicas:

(….)

4) Diseñar, aprobar, ejecutar y monitorear políticas y acciones concretas para la defensa de los derechos fundamentales de la persona y la comunidad, así como del personal civil y policial del Sector Interior, en el marco del cumplimiento de sus deberes, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad; en este sentido, supervisar la adecuada prestación de los servicios a la ciudadanía por el Sector; 

(…)

Artículo 9.- Despacho Viceministerial de Seguridad Pública

Es el encargado de programar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la formulación, ejecución y supervisión de las políticas públicas en materia de seguridad en todos los niveles de Gobierno. Ejerce la secretaría técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Depende del Ministro del Interior y por encargo de éste tiene las siguientes funciones:    

 (…) 5) Coordinar y ejecutar las acciones en materia de promoción y protección de los derechos de las personas, bajo los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad, dentro del ámbito de su competencia; (…)                                                                                                                                                                                                                                                             

Artículo 20.- Sobre la Gestión de la Información para la Seguridad Ciudadana

El Ministerio del Interior a través del Vice Ministerio de Seguridad Pública del Ministerio de Interior tiene a su cargo la administración del Sistema Nacional de Información para la Seguridad Ciudadana.

En el marco de la Gestión de la Información, el Viceministerio de Seguridad Pública, está a cargo de la administración y operación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. Dicho Observatorio debe permitir recopilar, procesar, analizar y sistematizar información para el diseño de políticas públicas con enfoque de género, interculturalidad y de derechos humanos en temas de seguridad ciudadana, conflictividad social, violencia y delitos que afectan la convivencia. (…)

[3] De acuerdo a Ley N° 30364, el enfoque de género es aquel que “reconoce la existencia de circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construidas sobre la base de las diferencias de género que se constituyen en una de las causas principales de la violencia hacia las mujeres”.

*Este artículo ha sido publicado originalmente en el blog de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/new/el-informe-de-ursula-letona-sobre-la-...

**Fuente de fotografía: El Comercio