El mal negocio de los convenios entre la Policía y las extractivas*

Jennifer Moore y John Dougherty, activistas extranjeros, fueron detenidos por efectivos policiales el pasado 21 de abril, al finalizar la proyección de un documental en la ciudad del Cusco. Tenían por propósito denunciar públicamente las malas prácticas de la empresa HudBay Minerals en los Estados Unidos, Guatemala y Perú. En días anteriores, Moore y Dougherty habían proyectado el documental en Chumbivilcas, donde fueron objeto de seguimiento policial. Durante su detención, se les acusó de trabajar, a pesar de contar con visado de turistas. El Ministerio del Interior, además, anunció mediante un comunicado que ambos habían violentado el orden interno, por incitar a la población contra la actividad minera, y merecían ser expulsados del país. HudBay Minerals, no es sorpresa, mantiene un convenio vigente con la Policía. Y así muchas otras.

Los convenios suscritos entre la Policía y empresas extractivas no son una novedad. Por el contrario, representan una práctica ya enraizada en el país, que cuenta con cobertura normativa cuanto menos desde 1994, cuando el gobierno fujimorista promulgó el Reglamento de Servicios de Seguridad Privada[1]. Hoy, sin embargo, la situación es diferente. El gobierno del presidente Kuczynski, irresponsablemente, ha dotado a la Policía de la facultad para suscribir convenios de cooperación interinstitucional con empresas extractivas[2], apostando por institucionalizarlos y sofisticarlos.

Sin embargo, no se han realizado estudios o análisis sobre su conveniencia, a pesar de sus evidentes relaciones con la criminalización de la protesta social, la privatización del orden interno, la pérdida de confianza en la autoridad y el debilitamiento del sistema de justicia, entre otros problemas. Realmente, ¿son los convenios un buen negocio? ¿Acaso para el Estado, las empresas o las comunidades? El presente artículo pretende responder ambas preguntas.

 

Promesa política defraudada

Es un mal negocio incumplir una promesa hecha a la ciudadanía. El primer gran retroceso del gobierno del presidente Kuczynski en materia de seguridad es haber validado, a través del Decreto Legislativo N° 1267 y el Decreto Supremo N° 003-2017-IN, que la Policía pueda brindar servicios a particulares, a industrias extractivas, mediante convenios de cooperación interinstitucional, y no solo trabaje al servicio de la ciudadanía. Este argumento no fue expuesto, mucho menos desarrollado, en la campaña presidencial y tampoco se encuentra en el Plan de Gobierno, el cual señala: «Restablecer la exclusividad del servicio público policial y capacitar y equipar a los policías para las nuevas funciones que deberán asumir a tiempo completo»[3]. Los convenios representan, en consecuencia, la primera gran contradicción del Gobierno en seguridad.

 

Criminalización de la protesta social y violaciones a los derechos humanos

La suscripción de convenios alienta la criminalización de la protesta social. La fuerza policial, en contextos de conflictividad social, está dispuesta al servicio de la empresa que paga por sus servicios. En los hechos, esta situación escapa a cualquier salvaguarda normativa, incluyendo la que prohíbe la subordinación del personal policial. Así lo demuestran los numerosos casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en espacios donde la Policía y empresas extractivas han suscrito convenios. De tal forma, las manifestaciones organizadas por comunidades, en ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, suelen ser fuertemente reprimidas. Allí, los efectivos policiales son vistos como personal asalariado de la empresa, mas no como autoridad, quebrantándose los principios de imparcialidad, independencia y confianza de la función policial. El problema, además, se agrava por factores como el uso abusivo de la fuerza y los estados de emergencia preventivos. ¿Cuál ha sido el resultado? El favorecimiento ciego de la política extractivista, en desmedro los pueblos indígenas y las organizaciones sociales.

Pese a todo, el actual gobierno ha consentido en continuar la suscripción de convenios, sin siquiera realizar un examen costo-beneficio sobre sus resultados, tras más de dos décadas de existencia. Tal vez sea necesario recordar algunos casos emblemáticos, donde la fuerza policial participó indebida y desproporcionadamente: Majaz (Piura, 2005), Conga (Cajamarca, 2011), Tintaya (Cusco, 2012), Tía María (Arequipa, 2015), Las Bambas (Apurímac, 2016). Postulamos, en consecuencia, la existencia de una relación entre la incidencia de violaciones a los derechos humanos y los convenios entre la Policía y las extractivas.

 

Función policial pervertida

Los convenios suscritos entre la Policía y las empresas extractivas no solo son nocivos en contextos de conflicto social, sino en todo momento, pues acrecientan aún más la distancia entre la Policía y las comunidades. En una pregunta: ¿cómo puede la Policía generar confianza en la ciudadanía cuando está supeditada y parcializada a través de convenios con particulares? Esto lleva a otros problemas en el quehacer policial, pues las comunidades, al desconfiar de la autoridad, difícilmente podrán acercarse a denunciar la ocurrencia de delitos. Tampoco podrán coordinar relaciones de apoyo mutuo.

Recordemos que, de por sí, el número de denuncias en el país es muy bajo. Solo el 14.5% de personas denuncian presuntos delitos a nivel urbano nacional[4], y en zonas rurales, donde por lo generaloperan las industrias extractivas, se concentran serios problemas de violencia familiar y sexual y abigeato, entre otros. La situación se recrudece cuando las estaciones de policía se ubican dentro de las instalaciones de las empresas. Proponemos la siguiente hipótesis: en contextos donde se acrecienta la distancia entre la Policía y comunidad por los convenios con empresas extractivas, el número de denuncias en la Policía es aún más abismal al número de delitos realmente cometidos, pues las personas desisten de hacer uso del servicio policial, que carece de imparcialidad y confianza a la autoridad. Como resultado, se debilita el funcionamiento de sistema de justicia, perpetuándose ciclos de impunidad que alcanzan a instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entonces, se generan dudas sobre si acaso se logrará cumplir aquella promesa del Ministerio del Interior, que sostenía que tendríamos la mejor Policía de la región hacia el Bicentenario.

Finalmente, consideramos que los convenios son un mal negocio para todos: Estado, empresas y, sobre todo, comunidades; pues se relacionan con fenómenos perniciosos como la criminalización de la protesta, la privatización del orden interno, la pérdida de confianza en la autoridad y el debilitamiento del sistema de justicia. Además, representan en sí mismos un grave problema de fondo, que incide tanto en la Policía como en la ciudadanía. Hay que resaltar que, aun sin ellos, son urgentes nuevas estructuras institucionales que permitan garantizar los derechos de todos y todas, al mismo tiempo que sirvan para optimizar la función policial.

(Foto: La República)

[1] El Reglamento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N° 005-94-IN.

[2] La nueva Ley de la Policía Nacional del Perú fue aprobada mediante el Decreto Legislativo N° 1267 y los Lineamientos rectores para la ejecución de los servicios policiales en cumplimiento de la función policial, mediante el Decreto Supremo N° 003-2017-IN. Ambos permiten la prestación de servicios policiales extraordinarios.

[3] Al respecto, puede consultarse: Plan de Gobierno 2016-2021. Peruanos por el Kambio, p. 214. Recuperado de: http://www.peruanosporelkambio.pe/documentos/plandegobierno.pdf

[4]Instituto Nacional de Estadística e Informática.Informe Técnico – Estadístico de Seguridad Ciudadana N°3: noviembre 2016 – abril 2017. Recuperado de: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/03-informe-tecnico-n03_estadisticas-seguridad-ciudadana-nov2016-abr2017.pdf

*Fue publicado originalmente en: http://www.justiciaviva.org.pe/new/el-mal-negocio-de-los-convenios-entre...