Grilletes electrónicos: una medida que puede discriminar la pobreza*
28/04/2017

La aplicación de la vigilancia electrónica, como medida o pena alternativa a la prisión, ya es una realidad. En una entrevista para Canal N con el periodista Augusto Thorndike realizada el último miércoles, el jefe del INPE, Carlos Vásquez Ganoza, informó que se firmaría el contrato con el consorcio peruano – mexicano que obtuvo la licitación, tras lo cual iniciaría el proceso de implementación de los grilletes electrónicos.

Como bien señaló Thorndike al inicio de la entrevista, se trata de una buena noticia. Lo es especialmente porque el uso de la vigilancia electrónica supone una reforma que inicia, cuando menos, con siete años de retraso. Recordemos que desde el 2010, año en que se publicó la Ley N° 29499 y su reglamento, “el problema central en torno a los grilletes electrónicos no ha radicado en la ausencia de un marco normativo que viabilice su aplicación, sino en la falta de compromiso de los gobiernos predecesores para implementarlo”.[1] La reforma, entonces, empieza tarde, pero como dice el dicho, “más vale tarde que nunca”.

Sin embargo, no todas son buenas noticias y existe una que es particularmente mala. El Decreto Legislativo Nº 1322, Decreto legislativo que regula la vigilancia electrónica personal, que fue publicado el 6 de enero de este año, señala que“El costo del dispositivo electrónico y el servicio de vigilancia electrónica es sufragado íntegramente por el procesado o condenado” (artículo 14.2); y que “El Juez, atendiendo los informes socio económicos del INPE podrá, excepcionalmente, eximir a los procesados o condenados total o parcialmente del pago de los costos antes mencionados” (artículo 14.3). Como regla, entonces, las personas privadas de su libertad en los penales que accedan a los grilletes, tendrán que pagarlos. Esto, constituye a todas luces un retroceso respecto a la norma anterior, la Ley N° 29499 del 2010, que no establecía ningún cobro para quienes, cumpliendo los requisitos para solicitar la medida (que ya son bastante estrictos), accedieran a ella.

Ahora bien, el escenario se complica aún más con las últimas declaraciones del jefe del INPE. Y es que cuando Thorndike le preguntó cuál sería el costo, le respondió que si bien el monto todavía no se había determinado, porque se publicará una directiva en los próximas días que lo defina, podría oscilar entre 30 y 50 soles diarios, y que podría llegar a 1500 soles mensuales. Cuando el periodista le replicó “¿Pero quién tiene 1500 soles mensuales?”, Vásquez contestó: “Créeme, la familia que va a un establecimiento penitenciario gasta mucho más en traslados y comidas”.

¿Cómo pueden justificarse esos montos, si en la propuesta del gobierno anterior se calcularon costos, aunque altos, significativamente menores que los que ahora se plantean? Y es que recordemos que en la declaratoria de interés del proyecto de grilletes electrónicos publicada por Proinversión en setiembre del 2015, se calculó que el pago diario sería de 18.8 soles –lo que equivale a un pago mensual de 525.8 soles–; y que a ello solo se adicionaría un pago único de 375.6 soles. Esto puede verse de manera más detallada en el cuadro que encabeza esta nota, que ha sido tomado de la página 14 del citado documento.

Lo que las autoridades no pueden olvidar al regular el costo es que la Comisión Interamericana ya se ha pronunciado sobre el particular.

En su Comunicado de Prensa 29/17, que resume las principales conclusiones de la Comisión tras su visita al Perú, realizada hace solo dos meses, se afirma textualmente que “la Comisión considera que la aplicación de esta medida puede resultar discriminatoria cuando no se encuentra al alcance de personas que por su situación de pobreza o por los bajos recursos que perciben, no pueden acceder a ella” y que “las autoridades deben justificar debidamente la determinación de la cantidad que se fije en el caso concreto”. Por ello, como puede leerse en el mismo comunicado, la Comisión ha llamado al Estado peruano “a adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la utilización de esta medida alternativa al mayor número posible de personas, con independencia de la posibilidad que tenga la personas beneficiaria de realizar el cobro estipulado en la normativa”.

El asunto es de extrema importancia. La implementación de la vigilancia electrónica es una reforma urgente y positiva, pero tiene que hacerse bien, sin vulnerar derechos y garantías mínimas, y sin discriminación de ningún tipo.

[1] En: http://www.justiciaviva.org.pe/new/aciertos-y-desaciertos-del-decreto-legislativo-que-regula-la-vigilancia-electronica-personal/

*Este artículo ha sido publicado originalmente en el Blog de Justicia Viva: http://www.justiciaviva.org.pe/new/grilletes-electronicos-una-medida-que...