Ideas para generar políticas públicas sobre seguridad ciudadana

La opinión pública nacional tiene claramente definido que el principal problema del Perú es la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Así lo confirman las encuestas nacional-urbanas[1]. Pero no es solo una cuestión de percepciones, sino que el problema de la inseguridad es real y grave. Y corresponde comprenderlo en toda su magnitud, sin minimizarlo ni sobredimensionarlo y elaborando políticas públicas que tomen al toro por las astas.

Para ello, el área de Seguridad Ciudadana del IDL quiere aportar al debate público algunas propuestas para avanzar hacia un país más seguro:

  1. Conocer el problema

El primer paso para enfrentar el problema de la inseguridad es conocer al monstruo (o a los monstruos) para saber cómo atacarlo(s). En ese sentido, el conocimiento que tienen nuestros policías y autoridades no cuenta con el respaldo técnico ni estadístico necesario, sino que actualmente tenemos cifras diversas y contradictorias sobre indicadores básicos para conocer el problema de la inseguridad. No se sabe cabalmente cuál es el número de homicidios, de violaciones, de robos, hurtos, en fin de delitos y faltas cometidos en el país, ni dónde se realizaron, cómo se gestaron, cuáles son las tendencias, etc. Esto se debe a que no hay un sistema integrado de estadísticas[2] y que el porcentaje de denuncia de hechos delictivos es bastante bajo. Todo eso conlleva a que no conozcamos con certeza el problema de la inseguridad y sus aristas.

  1. Potenciar la instancia encargada de generar e integrar planes para enfrentar a la delincuencia

Paralelamente al conocimiento cabal del problema, es necesario generar planes locales, regionales y nacionales. Una suerte de hoja de ruta central (y hojas de ruta locales) contra la inseguridad. Para eso existen espacios de concertación interinstitucional, que tienen en el vértice al CONASEC. Lamentablemente, el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, con sus consejos a diferentes niveles, ha sido desatendido en los últimos años y su legitimidad está debilitada, al punto de reducirse muchas veces solo a espacios burocráticos y formales. Corresponde que desde el Ejecutivo y los gobiernos locales se trabaje sinceramente por fortalecer el sistema y generar incentivos y mecanismos de control para la elaboración de planes realistas y la ejecución de los mismos.

  1. Comprender que el problema no es solo policial

Trabajar por mejorar la institución policial es clave, pero debemos comprender que la seguridad ciudadana no solo involucra al sector Interior, sino que el problema de la inseguridad es multicausal y debe ser enfrentado con políticas públicas integrales. En ese sentido, trabajar salud, justicia, educación, trabajo, deporte, etc. es trabajar seguridad ciudadana. Igualmente, la recuperación de espacios públicos y atender a sectores vulnerables contribuye a tener calles más seguras. Construir seguridad ciudadana significa muchas veces rehacer el tejido social y la confianza interpersonal rota en un país con muchas culturas en su interior.

  1. Mejorar a la Policía Nacional y al sistema de juzgamiento y sanción

Es necesario avanzar hacia la reforma policial, pero de manera real, no retórica. En diciembre de 2012 se publicaron sendos decretos legislativos, que contenían modificaciones en el sector Interior, en la estructura de la Policía Nacional, carrera profesionales de la PNP, educación policial, compras, combate contra las inconductas funcionales y la corrupción, etc. Sin embargo, la reforma policial no se ha materializado, a pesar de que incluso formó parte del discurso del presidente de Ollanta en julio pasado.

Es clave eliminar la figura del 24x24 y evaluar los logros del programa Cuadrante Seguro, que incluía la compra del franco de los policías para incentivar el patrullaje a pie. Para acabar con el 24x24, la PNP debe estar convencida de que la profesionalización implica trabajar al 100% para su institución. Evidentemente, una medida como esa debe estar acompañada por la mejora de los sueldos y condiciones laborales de los oficiales y suboficiales. No es posible que los efectivos deban trabajar en comisarías en mal estado y sin los implementos necesarios, como lo demostró el censo nacional de Comisarías del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática – INEI 2012[3].

La corrupción policial es otros de los problemas más graves de la PNP que revierten en contra de su prestigio institucional. En ese sentido, la creación del Tribunal de Disciplina Policial compuesto por civiles es una medida positiva, pero que hasta el momento no logra avanzar hacia la recuperación de la confianza de la población, máxime si el mayor número de casos conocidos y sanciones impuestas son para suboficiales y no ataca la gran corrupción. Igualmente, el Tribunal de Disciplina Policial debe ser parte de un tránsito hacia el reordenamiento de sistema disciplinario policial, coherente, respetuoso del debido proceso, con pocas cabezas e integrado, de manera tal que se acabe espíritu de cuerpo.

Se debe trabajar por una mejor distribución del personal y los recursos policiales. Si bien es positivo que en distritos de Lima, como San Isidro o Miraflores, contemos con un policía para 214 y 350 personas, respectivamente; la inequidad de la distribución hace que en distritos menos adinerados como San Juan de Miraflores o Villa El Salvador un policía cuide a 2500 personas. La distribución está vinculada a que las personas adecuadas estén en los puestos correctos, lo que significa también que las rotaciones y ascensos se hagan de manera técnica y consistente, primando el mérito, antes que la antigüedad u otros criterios.

Además de otros temas policiales, como la profesionalización y la especialización de la policía en materia de drogas, secuestro, etc., urge que se ponga atención al sistema de juzgamiento y sanción de delitos y faltas. Corresponde empezar por las faltas, puesto que según estadísticas estos ilícitos ha sido históricamente mayores a los delitos (salvo en el 2012) y por lo tanto son los que más afectan a la población. Puesto que son delitos cotidianos son responsables en gran medida de la alta sensación de inseguridad. El sistema de juzgamiento, sanción y ejecución de la sanción de las faltas ha demostrado ser ineficiente, por lo que se necesita una reestructuración que implica cambiar prácticas judiciales y mentalidades, antes que normas.

  1. Potenciar experiencias locales de buenas prácticas

A nivel nacional, el área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal ha podido conocer una serie de experiencias locales de buenas prácticas en seguridad ciudadana que no solo han demostrado su efectividad en combatir a la delincuencia, sino que apuntan a generar mejores condiciones sociales para recuperar las calles. El gobierno central y los gobiernos locales deben hacer un trabajo de identificación de las experiencias exitosas, de buenas prácticas y promover aprendizajes entre localidades y potenciar los intentos de réplica inteligente.

  1. Trabajar con gobiernos locales y vecinos organizados

El trípode: policía, gobiernos locales y vecinos es clave para generar soluciones para los problemas de delincuencia en cada comunidad. En ese sentido, es necesario valorar adecuadamente a cada uno de estos actores, en su rol y darles la atención prioritaria que merecen. De esa manera, preocupa también la desigual distribución de recursos que cada municipio dedica a enfrentar los problemas de inseguridad. Para seguir con el ejemplo: los municipios de San Isidro y Miraflores dedican más de 20 millones de soles al tema, mientras que San Juan de Miraflores y Villa El Salvador solo 2 millones. Eso se materializa en que los dos primeros distritos cuentan con un sereno para cuidar a 70 y 125 personas respectivamente, mientras que San Juan de Miraflores un sereno cuida a 2700 habitantes y en Villa El Salvador a 5500.

  1. Recuperar confianza de la población

Si bien la inseguridad es un problema real y grave, la sensación de inseguridad que tenemos los peruanos es mucho mayor que en países donde la delincuencia es más violenta y está más extendida. Para enfrentar la percepción de inseguridad debemos no solo dedicarnos a enfrentar a la delincuencia con seriedad y sin descanso, sino también generar mayores niveles de confianza entre la policía y los ciudadanos, a fin de que los segundos se sientan protegidos[4]. Lo mismo debe decirse del sistema de justicia, que muchas veces victimiza nuevamente al ciudadano. Igualmente, el Perú es el último país de la región en cuanto a confianza interpersonal, lo que significa que los peruanos no confiamos en nosotros mismos. Para enfrentar la sensación de inseguridad, debe mejorarse la confianza en las instituciones y en los vecinos. Además, debemos ser conscientes que somos una sociedad que ha salido de un proceso de violencia política, lo que ha dejado secuelas graves, que afectan nuestra reacción ante el miedo y la violencia. Por otra parte, el tratamiento de casos emblemáticos por parte de la prensa debe responder a estándares éticos, de manera que ella no incremente indebidamente la sensación de miedo en la población ni alimente discursos de populismo punitivo, que no han tenido éxito en nuestro país ni en otras partes del mundo.




[1] La última encuesta nacional-urbana de GfK señala que el 77% de los entrevistados  advierte que la delincuencia y la inseguridad ciudadana es el principal problema del país. Anteriormente, la misma encuestadora en julio mostraba la cifra del 53%. Lo que significaría que de julio a noviembre un crecimiento abismal de la percepción de inseguridad.

[2] El Consejo Nacional de Política Criminal – CONAPOC, adscrito al Ministerio de Justicia ha señalado con claridad el problema de las estadísticas en mayo de 2013, pero lo avanzado es todavía mínimo.

[4] En este punto es clave recuperar el concepto de policía comunitario.