Promesas y mecidas
13/08/2009

El martes once de agosto, a las 2:30 p.m., el ministro del Interior, Octavio Salazar, y el director general de la Policía, general PNP Miguel Hidalgo, se reunieron una vez más con los deudos de los policías asesinados en Bagua para informarles sobre los avances relacionados con el pago de sus beneficios.

Durante el encuentro, Salazar anunció que solo estaba pendiente el pago de la pensión a la madre del suboficial de tercera José Alberto García Guzmán (21), Rosa Amalia Guzmán García, a quien se le había negado este beneficio por estar casada con un militar en actividad, pese a haber acreditado ante la Dirección de Bienestar de la PNP que dependía económicamente de su hijo.

“El tema de la pensión está solucionado. Solo hay un caso: la señora tendrá que ver la manera de cómo justificar. Nosotros no podemos disponer y ordenar las cosas porque podemos dejar sin piso a las personas que son las que firman las resoluciones”, aseguró Salazar. Cabe señalar que la semana pasada también se realizó una reunión en la PCM entre los deudos y el premier, Javier Velásquez Quesquén. Éste se comprometió a resolver el caso si Salazar no lo hacía.

Quizá lo novedoso del encuentro del martes fue el anuncio de Salazar respecto a la entrega de un bono a los deudos para que puedan tener acceso a una casa del programa Techo Propio, como resultado de un convenio suscrito entre el ministerio del Interior y el de Vivienda.

A pesar de estos avances, aún hay temas pendientes como la publicación de la resolución ministerial que considerará a los efectivos muertos en la subestación petrolera seis como caídos en acción de armas y no en acto de servicio como hasta ahora.

Si bien Salazar indicó que hoy iba a ser publicada dicha resolución en el diario oficial El Peruano, esto no ocurrió.

Pero lo que resulta más preocupante es lo poco que ha hecho la PNP para salvaguardar la salud física y psicológica de los sobrevivientes de lo que ha sido la peor catástrofe en la historia de la Policía con el mayor número de efectivos muertos en un operativo.

El 21 de julio, Salazar e Hidalgo se reunieron por segunda vez con los deudos de los policías asesinados y representantes del Instituto de Defensa Legal (IDL). La reunión se llevó a cabo en el despacho ministerial.

Entonces, Hidalgo se comprometió a darles “sesenta días de descanso a los sobrevivientes para que se recuperen”. “He dispuesto que se instale un grupo de psicólogos (en la Dinoes)”, agregó Hidalgo, quien fue respaldado por el ministro Salazar: “Les daremos sesenta días para que estén con sus familias”.

Pero ahora, tres semanas después, Hidalgo asegura que los sobrevivientes “no tienen derecho” a ese descanso. “Nosotros tenemos el razonamiento, la lógica y el criterio para darles facilidades, trabajos administrativos, (descansos) pasivos. ¿Por qué sesenta días no? Si yo le doy sesenta días, en la lista de revista va a aparecer como sesenta días y seguramente la ley establece que no les paguen. No podemos avasallar a la institución de esta manera. Les hemos dado las facilidades para que puedan reencontrarse con ellos mismos”.

Pero, ¿qué es un descanso pasivo? Según la Policía, aquello que solo implique el uso de las facultades necesarias para desarrollar únicamente trabajos administrativos.

Bajo esa premisa, entonces los altos mandos policiales estarían en permanente estado de descanso pasivo.

IDL-SC conversó con algunos de los sobrevivientes que aún tienen secuelas físicas y refirieron haber tenido a lo sumo quince días de descanso médico antes de ser reincorporados a sus unidades. No pocos fueron enviados casi de inmediato a comisiones de servicio y otro tanto tuvo el denominado descanso pasivo.

Para aquellos que pidieron su cambio de colocación a otra unidad, la situación no ha sido distinta. IDL-SC pudo conocer, por ejemplo, que uno de los sobrevivientes pidió vacaciones, pero se las negaron a pesar que le correspondían aún antes de los sucesos en Bagua.

Pero para Hidalgo, “todos los sobrevivientes, vamos a decirlo así, todos nos han pedido hacer un servicio en la mina. Porque ahí pagan sus tres mil soles al mes. Ahora, uno le dice después de un ataque, descanse, recuéstese, le van a poner un psicólogo, un doctor. No, yo me voy a mi mina, no quiero descansar”.

Su trayectoria indica que Hidalgo es un buen hombre. Pero parece que el cargo de director general no actúa precisamente como un estimulante ni de la consistencia ni del cociente intelectual. Por lo pronto, Hidalgo no debería desconocer ni renegar de lo que ofreció y dijo. Además, debería entender que la minucia burocrática no debe jamás impedir que un jefe vele por el bienestar de sus subordinados, especialmente de aquellos que necesitan el tiempo y los cuidados para recuperarse bien de las heridas físicas y espirituales sufridas en la nefasta jornada del cinco de junio.